El Pleno del Ayuntamiento de Paiporta aprobó varios contratos de arrendamiento para la empresa pública ESPAI en un debate marcado por acusaciones directas de ilegalidad y por el reconocimiento expreso de irregularidades administrativas por parte del propio secretario municipal y la oposición.
La portavoz del Partido Popular, Chelo Lisarde, fue contundente desde el inicio: «Traemos tres contratos que, con sus peculiaridades, todos comparten algo: la irregularidad de la contratación». Denunció que los inmuebles se ocuparon meses antes de tramitar expediente alguno, sin contrato, sin autorización de gasto y sin informes previos. Sobre el caso más grave afirmó: «No es una opinión, es un hecho que vulnera la ley de patrimonio y la ley de contratos», señalando que la nave se usa desde febrero de 2025 y que el informe de necesidad se firmó ocho meses después. También advirtió de la ausencia total de estudios de mercado: «No hay comparativa de precios, no hay alternativas analizadas».
Desde VOX, Daniel Furió elevó el tono y puso cifras al problema: 21.780 euros de dinero público para pagar una ocupación ya realizada. Y describió el procedimiento de forma gráfica: «Primero se ocupa una nave, después se fija un precio y, meses más tarde, se pide al Pleno que lo pague». Furió fue aún más claro al hablar de ocupación sin cobertura legal: «El Ayuntamiento ocupa, con K. Hemos estado ocupando una nave sin contrato, como okupas, y ahora se nos pide que lo validemos a posteriori». Añadió que el propio expediente reconoce la utilización previa y la formalización retroactiva del contrato, advirtiendo: «No se puede contratar algo que ya se ha hecho mal».
El alcalde, Vicente Ciscar, admitió un “retraso importante” y defendió la aprobación para regularizar la situación antes de finalizar el año, asegurando que el expediente había sido revisado.
Sin embargo, la intervención más reveladora fue la del secretario municipal, que reconoció literalmente: «Sin contrato no se puede ocupar» y «el expediente no es correcto, claro que no es correcto». Explicó que la tramitación buscaba evitar una nulidad de pleno derecho y «dar encaje legal a unas facturas que se tienen que pagar».
Contradicción entre alcalde y secretario en el Pleno
Uno de los momentos más relevantes del debate se produjo cuando el alcalde de Paiporta, Vicente Ciscar, defendió la tramitación de los contratos afirmando que «no hubiera venido nada a Pleno si no hubiera estado revisado por el secretario», trasladando así la garantía jurídica del expediente a la Secretaría municipal. Sin embargo, minutos después, el propio secretario se desmarcó públicamente al afirmar de forma literal: «Yo no, en concreto la secretaría no», aclarando que no había tramitado el expediente y que su intervención se limitó a coordinar una justificación a posteriori para dar encaje legal a facturas ya existentes. El secretario añadió además que «el expediente no es correcto» y que «sin contrato no se puede ocupar», dejando en evidencia una disonancia pública entre la defensa política del alcalde y el alcance real de la intervención de la Secretaría.
