Paiporta cuenta con un antecedente judicial firme y relevante que hoy adquiere plena actualidad a raíz del denominado caso Begoña Gómez. Se trata de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a la esposa del entonces alcalde socialista de Paiporta, Bartolomé Bas, quien además fue concejala de Servicios Sociales entre los años 2003 y 2006.
El alto tribunal la condenó a un año de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, tras quedar acreditado que utilizó de forma reiterada empleados municipales y recursos del Ayuntamiento de Paiporta para el mantenimiento y limpieza de su chalé particular, sin abonar cantidad alguna por dichos servicios.
Uso de empleados públicos para fines privados
Los hechos se produjeron durante cuatro años consecutivos, periodo en el que varios trabajadores municipales realizaron tareas privadas en la vivienda de la edil, siempre en horario laboral y con medios públicos. Entre los trabajos realizados figuraban labores de limpieza semanal, transporte de materiales, retirada de restos de poda, pintura y pequeñas obras de mantenimiento.
El Supremo consideró probado que estos servicios fueron prestados por orden directa de la concejala y que el Ayuntamiento asumió el coste de salarios, desplazamientos y medios materiales, lo que constituye —según la sentencia— un uso ilícito de recursos públicos en beneficio particular.
Una doctrina clara: no hace falta dinero para delinquir
La sentencia, dictada en junio de 2014, fue especialmente contundente al aclarar que el delito de malversación no se limita al uso indebido de dinero, sino que incluye también la utilización de la fuerza de trabajo de empleados públicos cuando se destina a fines ajenos al interés general.
El tribunal rechazó de forma expresa que se tratara de hechos sin relevancia penal y calificó esta conducta como una “verdadera perversión del sistema”, subrayando que nada deteriora más la confianza de los ciudadanos que ver cómo cargos públicos se sirven de los medios del Estado para beneficio propio o familiar.
Un precedente clave para el caso Begoña Gómez
Este pronunciamiento del Supremo ha sido señalado por juristas como plenamente aplicable a las investigaciones que hoy afectan a Begoña Gómez, donde se analiza el posible uso de medios, personal y estructura pública en beneficio privado. Tal y como recoge OKDIARIO, el propio fallo del alto tribunal advierte de que permitir estas conductas, aunque se intenten minimizar como “favores”, abre la puerta a una impunidad institucional peligrosa.
Paiporta, un aviso que la Justicia ya dio
Lejos de ser un episodio menor, la sentencia del Supremo convirtió el caso de Paiporta en un precedente judicial claro y ejemplarizante, que hoy vuelve a primer plano en el debate nacional sobre la ética pública y el uso de los recursos del Estado.
La Justicia ya habló entonces con rotundidad: lo público no puede ponerse al servicio de intereses privados, ni siquiera cuando se trata del entorno más cercano al poder político.
