El grave accidente ferroviario ocurrido en la línea de Alta Velocidad a su paso por la provincia de Córdoba ha vuelto a poner en el centro del debate la gestión de las infraestructuras críticas en España y, especialmente, la responsabilidad política cuando existen advertencias previas que no se atienden.
Lo sucedido no puede analizarse como un hecho aislado ni como una simple fatalidad. Durante meses, e incluso años, se habían registrado incidencias técnicas reiteradas en el mismo tramo de vía, relacionadas con desvíos, mantenimiento y seguridad de la infraestructura. A pesar de ello, la circulación de trenes de alta velocidad continuó desarrollándose con normalidad, sin que se adoptaran medidas extraordinarias que redujeran el riesgo para viajeros y trabajadores.
Uno de los elementos más graves que ahora salen a la luz es que los propios profesionales del ferrocarril habían alertado con antelación. Maquinistas y personal técnico trasladaron advertencias formales sobre el mal estado de determinados puntos del trazado y solicitaron una reducción de la velocidad por motivos de seguridad. Estas alertas, lejos de generar una actuación preventiva contundente, fueron ignoradas o minimizadas por los responsables de la gestión ferroviaria.
A ello se suma que, en fechas recientes, el tramo afectado ya había registrado fallos en uno de sus desvíos, provocando retrasos y problemas operativos. Incidencias que, con una correcta evaluación del riesgo, debieron haber activado protocolos más estrictos y una revisión exhaustiva de la seguridad antes de mantener el tráfico de alta velocidad.
En el plano político, la reacción del Ministerio de Transportes ha sido objeto de duras críticas. Durante meses, desde el propio Gobierno se había defendido que la red ferroviaria vivía su “mejor momento histórico”, llegando incluso a desacreditar públicamente a quienes advertían del deterioro de la infraestructura, calificando esas críticas como alarmistas o interesadas. Hoy, tras el accidente, ese discurso queda seriamente cuestionado.
Buena parte de la información que ha permitido reconstruir la cadena de avisos, incidencias previas y advertencias técnicas procede de investigaciones periodísticas publicadas en distintos medios nacionales, entre ellos OkDiario, que ha ido desvelando documentos internos, testimonios profesionales y antecedentes que apuntan a una negligencia política por omisión, al no actuar cuando aún se estaba a tiempo de evitar una tragedia.
Este suceso deja una conclusión clara: cuando en infraestructuras críticas se ignoran avisos técnicos, se desprecia la experiencia de los profesionales y se prioriza el relato político sobre la seguridad, las consecuencias no son abstractas ni estadísticas. Las consecuencias se miden en víctimas, en familias rotas y en una pérdida irreparable de confianza pública.
La pregunta que hoy se hacen muchos ciudadanos no es solo qué falló técnicamente, sino quién asumirá la responsabilidad política por no haber actuado cuando los avisos ya estaban encima de la mesa.
