La empresa adjudicataria del tramo mortal del AVE recibió una puntuación decisiva por el uso de material reciclado, pese a las alertas técnicas y su vinculación a la trama del PSOE
El Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó el mantenimiento del tramo ferroviario de Adamuz (Córdoba) —donde se produjo el accidente ferroviario más grave de la última década, con víctimas mortales— priorizando criterios medioambientales como el uso de material reciclado y reutilizable, según revela La Gaceta. Estos criterios tuvieron un peso determinante en la adjudicación del contrato, incluso al mismo nivel que parámetros técnicos esenciales para la seguridad ferroviaria.
La adjudicación fue realizada por Adif a una UTE liderada por la empresa Azvi, por un importe aproximado de 61,25 millones de euros. De acuerdo con la información publicada en OkDiario, la propuesta ganadora obtuvo una puntuación clave por comprometerse a emplear más de un 50 % de materiales reciclados, superando a otras ofertas que presentaban condiciones económicas iguales o incluso más ventajosas, pero con una menor valoración “verde”.
Criterios ideológicos frente a seguridad técnica
La información subraya que el criterio medioambiental no fue un elemento accesorio, sino decisivo en la adjudicación, equiparándose en peso a inspecciones técnicas, ensayos de seguridad y controles de mantenimiento. Este enfoque ha generado una fuerte polémica, ya que el tramo adjudicado es precisamente donde se produjo el siniestro y existían alertas previas sobre deficiencias técnicas que, según distintas fuentes, no habrían sido atendidas con la diligencia exigible en una infraestructura crítica.
Sobrecostes y sospechas de irregularidades
Tras la adjudicación, la UTE habría reclamado sobrecostes cercanos a los seis millones de euros, alegando imprevistos en la ejecución de la obra, lo que elevó aún más el coste final para el contribuyente. Además, la empresa adjudicataria aparece vinculada a investigaciones sobre presuntas tramas de adjudicaciones públicas relacionadas con el PSOE, acumulando más de 165 millones de euros en contratos públicos en los últimos años.
Reacción política y exigencia de responsabilidades
Desde VOX se ha anunciado la presentación de una querella contra responsables de Adif por posibles delitos de homicidio imprudente, prevaricación y fraude, al considerar que se antepusieron criterios ideológicos y propagandísticos a la seguridad de las infraestructuras y de los usuarios.
El caso reabre el debate sobre el uso de la contratación pública como herramienta política, especialmente cuando las decisiones administrativas afectan directamente a la seguridad de las personas. Para los críticos, el accidente de Adamuz no sería una fatalidad inevitable, sino la consecuencia de decisiones políticas erróneas adoptadas en despachos, lejos de la realidad técnica del terreno.
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