El Gobierno central habilitó una cuenta bancaria para canalizar las donaciones solidarias destinadas a los afectados por la DANA de octubre de 2024. Sin embargo, a día de hoy, no existe información pública completa sobre qué proyectos se han financiado con ese dinero, en qué municipios se ha invertido ni qué criterios se han seguido para su reparto.
Tal y como han publicado The Objective y La Gaceta, el Ministerio de Economía respondió el 3 de noviembre a una solicitud de acceso a la información pública concediendo únicamente el primer punto: el desglose de los importes recibidos. El resto de las preguntas formuladas quedaron sin respuesta.
Un silencio administrativo sin justificación
Según detalla La Gaceta, los puntos que quedaron sin respuesta incluían cuestiones esenciales para garantizar la transparencia:
- el destino concreto del dinero donado,
- los criterios utilizados para su reparto,
- los proyectos o actuaciones financiadas,
- y la posible existencia de contratos o decisiones administrativas vinculadas a esos fondos.
La ausencia de respuesta y de explicación formal ha dejado estas cuestiones en un limbo administrativo, incumpliendo el espíritu —y, según denuncian los solicitantes, también la letra— de la Ley de Transparencia.
Donaciones integradas en el Tesoro Público
Las donaciones fueron ingresadas directamente en una cuenta del Tesoro Público y pasaron a integrarse en el Fondo de Contingencia, bajo el control del Ministerio de Hacienda. Este mecanismo, aunque legal, dificulta el seguimiento y la trazabilidad del dinero, al no quedar vinculado de forma directa a proyectos concretos ni a municipios específicos afectados por la DANA.
Este sistema impide conocer con precisión si el dinero donado ha llegado efectivamente a las zonas más castigadas por la catástrofe o si ha quedado diluido dentro del presupuesto general del Estado.
El Consejo de Transparencia exige explicaciones
Ante la falta de respuestas completas, el asunto ha sido elevado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha requerido explicaciones al Ministerio de Economía por no haber facilitado el resto de la información solicitada ni haber motivado su negativa.
Mientras tanto, vecinos de municipios duramente afectados por la DANA siguen reclamando ayudas reales y soluciones efectivas, sin que exista un balance público que permita saber cuánto dinero solidario se ha recaudado, cuánto se ha gastado y con qué resultados.
Este episodio de falta de transparencia se enmarca en otras polémicas y controversias relacionadas con la gestión de fondos públicos por parte de gobiernos socialistas y de izquierdas, algunas de las cuales han sido objeto de investigaciones judiciales o fiscalizaciones administrativas, siempre en distintas fases y contextos. Un patrón que, sin necesidad de prejuzgar responsabilidades penales, vuelve a poner en cuestión la rendición de cuentas y la transparencia institucional, especialmente en situaciones tan sensibles como una catástrofe natural.
