La propuesta carece de justificación técnica y memoria económica, y puede duplicar funciones ya asumidas por el CECOPAL, el órgano legal de coordinación en emergencias.
El Ayuntamiento de Paiporta, gobernado por PSOE y Compromís, prepara la aprobación en un Pleno extraordinario de la creación de una nueva “Oficina de Emergencias Municipal”. Según consta en el expediente oficial, la propuesta se fundamenta en más de 30 documentos redactados tras la DANA del 29 de octubre de 2024. Dichos informes ya recogen protocolos de actuación, planes operativos y cronogramas específicos para emergencias locales.
Sin embargo, el análisis del expediente revela que esta Oficina carece de base técnica y legal. Todas las funciones que pretende asumir ya corresponden al CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal), el órgano que por ley dirige cualquier emergencia en el municipio. El propio Plan Operativo del CECOPAL establece: “El CECOPAL actuará como órgano único de dirección y coordinación de todas las emergencias municipales”.
Además, el artículo 5.4 de la Ley 40/2015 es claro: “No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos”. Por tanto, la creación de esta oficina supondría una duplicidad contraria a la normativa.
A la falta de necesidad funcional se suma la ausencia de memoria económica, lo que impide conocer el coste real del nuevo órgano. Según cálculos aproximados, podría rondar los 150.000 euros anuales entre personal, equipamiento y mantenimiento. Un nuevo gasto fijo que recaería en los vecinos sin aportar garantías de eficacia.
El expediente incluye planes ya elaborados como protocolos de corte de puentes, avisos a la población, censos de viviendas en riesgo o planes de asistencia a mayores. Todos ellos están en vigor y listos para ser activados. De hecho, durante la DANA de 2024 no se activó el CECOPAL, pese a existir alertas rojas de la AEMET y avisos del 112 CV, que hasta en las mismas redes sociales del Ayuntamiento de Paiporta publicaron.
El artículo 18 de la Ley 13/2010 de la Generalitat Valenciana obliga a los ayuntamientos a activar sus planes territoriales y comunicarlo al Centro de Coordinación de Emergencias, algo que en Paiporta no ocurrió. Esta omisión agravó los daños en viviendas, garajes y locales, y se produjo en un contexto con decenas de víctimas mortales en la comarca.
La responsabilidad de activar y coordinar emergencias corresponde al alcalde, según el artículo 21.1.m de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que otorga a la Alcaldía la competencia en materia de protección civil. Esta obligación no se cumplió en la DANA y tampoco se han depurado responsabilidades.
Especialistas consultados coinciden en que Paiporta no necesita otra oficina burocrática, sino medidas concretas como un sistema de megafonía fija municipal, sensores de nivel en el Barranco del Poyo, limpieza regular del cauce junto a la Confederación Hidrográfica del Júcar y la recuperación de proyectos hidráulicos nacionales como la presa de Cheste, paralizada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En definitiva, la creación de esta “Oficina de Emergencias” parece más una maniobra política para tapar errores pasados que una verdadera solución para mejorar la seguridad de los vecinos. Un gasto innecesario que no responde a la exigencia de eficacia y responsabilidad que merece Paiporta tras la catástrofe de la DANA.
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