PSOE, Compromís y PP aprueban una moratoria urbanística de dos años sin ofrecer alternativas reales a los propietarios afectados por la DANA. VOX denuncia que el problema no son los papeles, sino la falta de infraestructuras.
El pleno del Ayuntamiento de Paiporta aprobó esta semana una suspensión temporal de dos años para todas las licencias y declaraciones responsables que permitan cambiar el uso de locales comerciales a viviendas, tanto privadas como turísticas.
La medida, defendida por el equipo de gobierno de PSOE y Compromís con el apoyo del Partido Popular, se justifica en la necesidad de “evitar nuevos riesgos de inundación”.
Sin embargo, la decisión ha provocado malestar entre los vecinos y propietarios, que ven cómo el consistorio paraliza la actividad económica mientras no ejecuta ninguna obra hidráulica que garantice la seguridad real del municipio.
La concejala de Urbanismo, Mariam Val, explicó que la suspensión se apoya en el artículo 68 del TRLOTUP y pretende “proteger la vida y los bienes” de la población. Pero sus palabras contrastan con una realidad evidente: Paiporta sigue sin la presa de Cheste, sin los desvíos de caudales y sin un plan hidráulico integral. La llamada “prudencia” institucional se traduce, en la práctica, en más trabas para los vecinos que necesitan rehabilitar o reconvertir sus propiedades tras la catástrofe de 2024.
El portavoz de VOX, Daniel Furió, fue el único en denunciar la incoherencia del acuerdo:
“Los vecinos no quieren papeles, quieren infraestructuras. No se protege a nadie impidiendo que use su propiedad como vivienda. El problema no es urbanístico, es hidráulico”.
Furió recordó que más de 50 personas perdieron la vida en la riada del 29 de octubre de 2024, y que la falta de infraestructuras hidráulicas fue la causa principal de la tragedia.
Mientras tanto, el gobierno local —y el PP que le da cobertura— opta por restringir la libertad de los propietarios, imponiendo una moratoria general que ni repara los daños ni evita futuros desastres.
La edil socialista Chelo insistió en que “quien compra un local sabe lo que compra” y que “la prudencia debe guiar las decisiones”. Un argumento que ignora la urgencia económica de cientos de familias que buscan un techo tras perder su vivienda o el problema que existe en el municipio de Paiporta en vivienda.
Por su parte, Alejandro (PSOE) defendió la medida como “coherente con el marco legal”, alineándose con la justificación burocrática de Compromís.
Ambos partidos, junto con el PP, votaron a favor de una moratoria que penaliza a los afectados por la DANA mientras el municipio sigue esperando inversiones reales.
La votación final dejó solo un grupo en defensa de los vecinos: VOX.
Su posición fue clara: no se puede castigar a quien quiere reconstruir su vida ni convertir la prevención en un obstáculo.
La solución, como repitió Daniel Furió, pasa por ejecutar infraestructuras hidráulicas, exigir responsabilidades y dejar de esconder la inacción política tras expedientes y moratorias.
En Paiporta, un año después de la tragedia, los socialistas y sus socios continúan apostando por el papel y la parálisis, mientras la oposición de VOX exige obras, seguridad y libertad para los vecinos.
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