La renuncia del presidente valenciano abre una crisis institucional que salpica al Gobierno de Sánchez, a varios ministerios y a los ayuntamientos afectados por la riada.
La dimisión de Carlos Mazón ha roto el discurso oficial sobre la tragedia del 29 de octubre de 2024. En su comparecencia, el ya expresidente de la Generalitat Valenciana admitió errores propios, pero señaló directamente al Gobierno central y a un sistema de emergencias “roto desde arriba”.
Su marcha, más que un gesto político, pone en evidencia una cadena de fallos y omisiones que atravesó todos los niveles de la administración, desde Moncloa hasta los consistorios más pequeños del área metropolitana de Valencia.
Antes de la catástrofe: prevención y planificación fallida
El temporal que arrasó la comarca de l’Horta Sud no fue imprevisible. Según informes previos al 29-O, varios organismos habían advertido del riesgo extremo de inundaciones en el entorno del barranco del Poyo. Sin embargo, ninguna administración actuó a tiempo.
Desde el Gobierno de España, Pedro Sánchez, como presidente y máxima autoridad en materia de protección civil, no aplicó el artículo 24 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que le faculta para declarar la emergencia de interés nacional cuando un desastre supera las capacidades autonómicas.
Esa declaración nunca se produjo, pese a los informes que alertaban del riesgo extremo y a los precedentes recientes en la Comunitat Valenciana.
La vicepresidenta Teresa Ribera, a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tampoco ejecutó las obras hidráulicas preventivas previstas desde 2018 en el barranco del Poyo y su entorno. Dichos proyectos —presupuestados e incluidos en planes de prevención de avenidas— quedaron paralizados.
El presidente de la CHJ, Miguel Polo Cebellán, no comunicó con la rapidez necesaria los registros anómalos del caudal, mientras que la AEMET, dirigida por María José Rallo, redujo en sus boletines la intensidad prevista del temporal, lo que desmovilizó a las administraciones locales.
Por su parte, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, no activó el protocolo de refuerzo interterritorial ni la movilización preventiva de efectivos de nivel 2.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, autorizó el despliegue de la UME con horas de retraso, cuando el operativo autonómico ya estaba desbordado y los accesos principales inutilizados.
A nivel local, los ayuntamientos de Paiporta, Catarroja, Albal, Alfafar, Picaña y Massanassa tampoco activaron sus Planes Municipales de Emergencia (PEMU) ni sus Centros de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), estructuras clave para centralizar la respuesta ante riesgos graves. La inacción previa impidió alertar a la población o coordinar medidas de evacuación preventiva.
Durante la tragedia: sin mando único ni coordinación
Mientras el caudal del barranco del Poyo se multiplicaba por veinte en menos de una hora, ninguna administración asumió el mando único de la emergencia.
La Delegación del Gobierno, dirigida por Pilar Bernabé, no solicitó refuerzos inmediatos ni coordinación con el 112 autonómico.
La Dirección General de Protección Civil, dependiente de Virginia Barcones, no activó el despliegue nacional hasta horas después.
La UME llegó cuando los accesos principales ya estaban inutilizados.
La Generalitat Valenciana, a través de su Conselleria de Emergencias, no reaccionó hasta la medianoche, cuando ya había decenas de víctimas, y los ayuntamientos no emitieron alertas vecinales ni activaron los CECOPAL de forma operativa, dejando sin mando local a los equipos de policía, bomberos y protección civil.
El resultado fue una noche de caos, descoordinación y pérdidas humanas irreparables.
Después de la catástrofe: reconstrucción lenta y silencios políticos
Tras el desastre, el Gobierno central no declaró la emergencia nacional ni destinó ayudas a fondo perdido.
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