El presidente del Gobierno no activó el mando único ni dirigió la respuesta ante una catástrofe con más de 200 víctimas y daños superiores a 2.000 millones de euros
El 29 de octubre de 2024, la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana dejó tras de sí una de las tragedias más graves de las últimas décadas. Un año después, las víctimas siguen esperando explicaciones. Los informes oficiales, los testimonios y la documentación legal confirman lo que ya es evidente: el Estado falló en todos sus niveles, y el principal responsable político de esa descoordinación es el presidente Pedro Sánchez.
🔹 La Constitución y la Ley de Protección Civil son claras
El artículo 97 de la Constitución Española establece:
“El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.”
Por tanto, Pedro Sánchez es el responsable último de la dirección del Estado en situaciones de emergencia.
Además, la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 24, dispone que:
“En los casos de emergencia de interés nacional, el Presidente del Gobierno o, por su delegación, el Ministro del Interior, asumirá la dirección del Comité Estatal de Coordinación y el seguimiento de las actuaciones.”
Nada de eso ocurrió el 29 de octubre de 2024.
🔹 La inacción política que agravó la tragedia
Pese a los avisos de la AEMET y las advertencias de Protección Civil, el Gobierno no declaró la emergencia de interés nacional ni activó el Comité Estatal de Coordinación (CECOD).
Los ministerios de Interior, Defensa y Transición Ecológica actuaron de forma aislada y sin dirección común, lo que derivó en una respuesta tardía, descoordinada y sin liderazgo.
Fuentes oficiales confirman que Pedro Sánchez no presidió ninguna reunión de crisis ni visitó la zona hasta tres días después, cuando el daño ya era irreversible.
Su primera declaración pública, el 2 de noviembre, se limitó a hablar de “efectos del cambio climático”, evitando asumir responsabilidades políticas o institucionales.
🔹 Los fallos estructurales que el Gobierno no quiso corregir
Desde 2018, el Ejecutivo central no ejecutó ninguna de las obras hidráulicas previstas en el Plan Hidrológico del Júcar (2015–2021), entre ellas el encauzamiento del Barranco del Poyo, la presa de Pozalet o las láminas de retención de Tossal.
En su lugar, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Restauración de Ríos 2022–2030, centrada en eliminar presas y azudes dentro del Pacto Verde Europeo, sin prever alternativas de defensa hidráulica.
El resultado fue devastador: una política de “renaturalización” que aumentó el riesgo de inundación y dejó a municipios enteros sin protección frente a una DANA anunciada.
🔹 Sin rendición de cuentas ni transparencia
Un año después, el Gobierno no ha presentado un informe oficial ante el Congreso de los Diputados, como exige el artículo 108 de la Constitución:
“El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.”
Tampoco se ha constituido una comisión parlamentaria que investigue la cadena de fallos administrativos y políticos.
Las víctimas, los municipios y los cuerpos de emergencia siguen esperando respuestas.
🔹 Cadena de mando bajo responsabilidad directa del presidente
Pedro Sánchez designó personalmente a los responsables de cada área implicada:
• Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, supervisora de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
• Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, autoridad de Protección Civil y emergencias.
• Margarita Robles, ministra de Defensa, encargada de la UME y del Ejército del Aire.
• Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, su representante directa en la crisis.
Ninguno de ellos activó el mando único ni garantizó una respuesta coordinada.
Esa omisión jerárquica y funcional recae directamente sobre el Presidente del Gobierno.
La tragedia del 29-O no fue una fatalidad, sino el resultado de años de desidia, falta de previsión y ausencia de liderazgo político.
Pedro Sánchez, como jefe del Ejecutivo, tenía el deber constitucional de dirigir la respuesta del Estado, coordinar a sus ministros y proteger a los ciudadanos.
No lo hizo.
Y cuando el Estado falla, la responsabilidad es del presidente.
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