El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha centrado hoy el foco mediático y político tras conocerse que su departamento suprimió en julio de 2025 la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, organismo encargado de la prevención y seguridad de infraestructuras como la red ferroviaria española, decisión que ahora cobra especial relevancia en el contexto de la investigación del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
Según consta en el Real Decreto 690/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de julio del año pasado, la unidad fue formalmente eliminada y sus funciones transferidas a un nuevo Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes. Este cambio llegó después de varios meses en los que la propia unidad había perdido peso en la coordinación de seguridad con entidades como Adif y Renfe, según fuentes informadas por El Español.
La unidad suprimida tenía entre sus responsabilidades principales la celebración de reuniones mensuales con responsables de Adif para detectar incidencias y elaborar mapas de puntos críticos en la red ferroviaria, datos que luego trasladaba al secretario de Estado de Transportes para anticipar y prevenir posibles fallos.
Diversos sindicatos y personal de Adif y Renfe han manifestado a los medios su preocupación por un supuesto “declive” en las labores de prevención y seguridad desde marzo de 2024, cuando se retiró a la unidad la coordinación directa con los departamentos de seguridad de estas entidades públicas.
La supresión de este órgano cobra especial trascendencia porque las investigaciones sobre el accidente de Adamuz —que ha dejado al menos 40 víctimas mortales— apuntan a un problema en la vía como causa más probable y descartan casi en su totalidad el fallo humano, según detallan las fuentes consultadas por El Español.
El Observatorio que sustituyó a la unidad sigue con funciones de elaboración de informes, pero carece de las atribuciones operativas que tenía su antecesora, lo que ha sido objeto de crítica por parte de algunos expertos y sectores del transporte que consideran que este cambio debilita la respuesta preventiva ante riesgos en las infraestructuras.
La decisión de Puente se produce en un momento delicado para el Ministerio, que también debe hacer frente a la presión política y social por las causas del siniestro ferroviario y explicar cómo se coordinarán a partir de ahora las labores de seguridad en la red de transporte.
