VOX ha anunciado la presentación de una querella criminal en relación con el accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz, una actuación que la formación enmarca en la necesidad de esclarecer posibles responsabilidades derivadas del mantenimiento de la red ferroviaria y de las decisiones adoptadas por los organismos competentes.
VOX impulsa actuaciones judiciales tras el accidente ferroviario
Según la información disponible, representantes de VOX acudieron al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro para conocer el estado de las diligencias abiertas tras el siniestro ferroviario. La visita estuvo encabezada por la coordinadora nacional jurídica del partido, Marta Castro, quien explicó que el objetivo principal era recabar información directa sobre las actuaciones judiciales en curso y valorar las siguientes medidas legales.
En ese contexto, la formación solicitó la adopción de medidas cautelares de aseguramiento de la prueba, con la finalidad de preservar los elementos materiales relacionados con el accidente. De acuerdo con lo expuesto por Castro, esta solicitud pretendía garantizar el acceso a la denominada zona cero del siniestro y evitar una eventual desaparición o alteración de pruebas que pudieran resultar relevantes para la investigación judicial.
Querella contra responsables de ADIF y señalamientos institucionales
Un día después de esa comparecencia en sede judicial, VOX formalizó la presentación de una querella criminal contra la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y contra el actual presidente del organismo. La iniciativa judicial se fundamenta, presuntamente, en una cadena de negligencias relacionadas con el estado de las infraestructuras ferroviarias y su mantenimiento, aspectos que, a juicio de la formación, no pueden considerarse hechos aislados.
Desde el partido sostienen que la responsabilidad última recaería en el Ministerio de Transportes y en la dirección de ADIF, al entender que las decisiones estratégicas y la asignación de recursos para el mantenimiento dependen de esos niveles de gestión. En este sentido, VOX ha señalado públicamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien estas manifestaciones se producen en el marco de una valoración política y no de una resolución judicial firme.
VOX defiende la depuración de responsabilidades penales
Durante sus declaraciones, Marta Castro afirmó que la formación pretende impulsar el procedimiento judicial “caiga quien caiga”, con el objetivo de depurar todas las responsabilidades penales que pudieran corresponder. Según explicó, la estrategia jurídica de VOX pasa por evitar que la investigación se limite a niveles técnicos intermedios, cuando, en su opinión, existen decisiones políticas previas que habrían influido en el estado de la red ferroviaria.
Contexto político y prudencia jurídica
Desde un punto de vista jurídico, el procedimiento se encuentra en una fase inicial y será la autoridad judicial la que determine, a la vista de las pruebas y de las diligencias practicadas, si existen indicios suficientes para continuar la investigación contra las personas señaladas. En este sentido, cabe recordar que la presentación de una querella no implica, por sí misma, la existencia de culpabilidad, y que cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser establecida mediante sentencia firme.
Según la información difundida por VOX, la formación insiste en que llegará hasta el final del proceso para esclarecer los hechos y garantizar la conservación de las pruebas relacionadas con el accidente. El partido enmarca esta actuación en una crítica más amplia al estado del sistema ferroviario en España y a las políticas de inversión y mantenimiento desarrolladas en los últimos años, una posición que ha reiterado en diferentes foros públicos y que ahora traslada al ámbito judicial, también con impacto informativo en municipios como Paiporta.
