La tragedia del 29 de octubre de 2024 tiene nombres y responsables. Uno de ellos es Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde 2020, nombrado directamente por el Gobierno de Pedro Sánchez y dependiente de la actual Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Desde el cargo anterior, Vicepresidenta Tercera del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, su función era proteger, vidas y garantizar la seguridad hidráulica de toda la cuenca del Júcar. En cambio, su gestión quedó marcada por años de omisiones, decisiones políticas y desidia técnica que desembocaron en la peor tragedia de la Comunidad Valenciana en décadas.
Un cargo estatal con poder y responsabilidad
La CHJ es un organismo del Estado con competencias exclusivas en materia hidráulica: control de cauces, mantenimiento de presas, gestión de avenidas e inundaciones y planificación de infraestructuras de defensa. Así lo establecen el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 14 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Durante la riada, el Barranco del Poyo, bajo control directo de la CHJ, fue el epicentro del desastre. Su desbordamiento devastó Paiporta, Alfafar, Picaña, Benetússer, Albal, Catarroja, Massanassa, etc., dejando más de 220 muertos y pérdidas millonarias.
La decisión fatal: archivar el proyecto del Poyo
En 2010, la CHJ disponía de un proyecto completo de encauzamiento del Poyo, declarado prioritario en 2011. Era una actuación técnica capaz de evitar el desbordamiento que arrasó la comarca.
Pero en 2021, bajo presidencia de Miguel Polo, el proyecto fue archivado alegando su “incompatibilidad con la Ley de la Huerta” y su “alto coste económico”. Detrás de esa decisión pesaron criterios ideológicos vinculados a la Agenda 2030 y la política de “renaturalización de cauces” impulsada por Teresa Ribera.
Con esa resolución, el Gobierno anuló quince años de planificación hidráulica y dejó a toda la zona sin defensa ante lluvias torrenciales previsibles.
La omisión en el CECOPI
El día de la tragedia, Miguel Polo participó en el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) como representante del Estado. A las 18:40 horas, los sensores de la CHJ registraban un caudal superior a 1.600 m³/s en el Poyo: una señal inequívoca de desbordamiento inminente.
Sin embargo, Polo no activó ninguna alerta verbal, limitándose a reenviar un correo técnico. Ante la jueza de Catarroja, reconoció que “no insistió más porque daba por hecho que otros actuarían”. La jefa del 112 confirmó después que “no escuchó ninguna advertencia” por parte del presidente de la CHJ.
La falta de comunicación efectiva supuso un retraso de casi dos horas en la alerta pública, tiempo en el que decenas de vecinos perdieron la vida.
Negligencia estructural y desinversión
El caso de Polo no se limita a un error puntual. Su mandato se caracteriza por un patrón continuado de negligencia:
- Permitió que se cancelara sin alternativa las obras de defensa hidráulica.
- No ejecutó mantenimiento en cauces críticos.
- Ignoró los informes técnicos internos que alertaban de que el Poyo “no tenía capacidad para evacuar avenidas extremas”.
- Y tras la tragedia, intentó culpar a la Generalitat para desviar su propia responsabilidad.
Según el artículo 36 de la Ley 40/2015, los altos cargos responden de los daños causados por negligencia grave. Y conforme al artículo 145 de la Constitución Española, la competencia en gestión hidráulica interterritorial recae sobre el Estado, lo que deja clara la responsabilidad de la Administración General y, por extensión, de su presidente, Miguel Polo.
El símbolo de la desidia estatal
Aunque la jueza aún no lo ha imputado penalmente, la responsabilidad política y técnica de Polo es incuestionable.
Su gestión representa la negligencia estructural del Estado en materia hidráulica: sabían del peligro, tenían el proyecto, disponían del presupuesto… y aun así eligieron no actuar.
El resultado fue devastador: vidas perdidas, barrios arrasados y una comarca entera marcada por la incompetencia de un Estado más preocupado por su imagen ecológica que por la seguridad de sus ciudadanos.
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